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LEY CONCURSAL.

Nuevo Texto refundido de la Ley Concursal

7 de mayo 2020.

CONCURSAL. Hoy publica el BOE el RD Legislativo 1/2020, que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Si bien era necesaria una reordenación del texto tantas veces modificado, llegando a caer en confusión en algunos aspectos, también ha resultado necesario recoger circunstancias tan necesarias como la enajenación de bienes dentro del procedimiento, y que estaban casi sometidos al plan emitido por el Administrador Concursal y usos del Juzgado de turno, sin duda dota de mayor seguridad jurídica, a esa parte tan delicada. Respecto de las medidas excepcionales con motivo del COVID19, se nos remite al Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril. No obstante, si era necesaria la "ordenación", quizás se echa en falta una reforma profunda que dote de mayor agilidad y eficacia al procedimiento, ya que todos recordamos los estragos de la anterior crisis en nuestro tejido empresarial, y daño económico que no se habían recuperado si quiera antes del estado de alarma. Lamentablemente las administraciones seguirán con sus prerrogativas, no aceptarán quitas en hipotéticos convenios y ademas con beneficio en sus calificaciones en los créditos del concurso, al igual que las entidades bancarias que además tienen fiadores externos al deudor principal.

 

Si tienen dudas al respecto no duden en ponerse en contacto con este despacho al 956058631 o despacho@despachodelatorre.es

"CORONAVIRUS". Sobre la Suspensión de contratos y obligaciones por el Estado de Alarma

(Arrendamiento, Suministros y otras obligaciones)

Se están viviendo tiempos inciertos, y además de la gravedad de la emergencia sanitaria, las consecuencias económicas del Estado de Excepción de Alarma serán acusadas por meses o años. El Real Decreto que declara el estado de alarma introduce en sus Disposiciones Adicionales la suspensión de plazos procesales y administrativos, estas circunstancias han planteado innumerables consultas, entre otras, sobre posibles expedientes de regulación de empleo o los ceses de actividad de autónomos forzosos por el estado de alarma o bien que hayan reducido su facturación en un 75%.

Merece la pena que sean analizados los casos anteriores de Autónomos y ERES o ERTES, como merece la pena analizar multitud de circunstancias  que imposibilitan las actividades empresariales e incluso ordinarias de los particulares durante el tiempo que dure el estado de alarma, que comenzaran a darse o probablemente ya se estén dándose en estos momentos.

En efecto mencionamos ERES también porque consecuencias del actual estado además de un “parón” de la actividad puede conllevar, no solo el retraso o parada, si no también, y lamentablemente a la pérdida del negocio o actividad por imposibilidad de sostener por ejemplo unos gastos fijos a pesar de un cierre. Lo mismo puede suceder con particulares en adquisición de bienes, servicios o arrendamientos de cualquier tipo, por ejemplo.

Por otra parte, El Decreto del Gobierno 4ª establece la suspensión de “los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos” mientras dure el estado de alarma. Lo primero que se plantea es si eso afecta a los plazos pactados en los contratos. Esta parece dejarse atrás suspensión a los plazos fijados en los contratos de manera expresa

Evidentemente se sigue aplicando el principio pacta sunt servanda (“los pactos se han de cumplir”). Este principio obliga no solo al cumplimiento sino que implica que cada parte asume los riesgos que corresponden a su cumplimiento y tiene que indemnizar los daños causados por su incumplimiento. Sin embargo, este principio tiene limitaciones en los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor. En estos casos por una parte puede cesar la responsabilidad por daños, y pueden extinguirse las obligaciones en el caso destrucción de la cosa debida sin culpa del deudor o de imposibilidad de la obligación de hacer.

También tenemos presente el principio rebus sic stantibus (“estando igual las cosas”). Se considera que la cláusula rebus, implícita en todos los contratos, conlleva  que un cambio totalmente imprevisible en las circunstancias puede llevar a la modificación o extinción de las obligaciones y para que se aplique se exigen los mismos requisitos (total imprevisibilidad, causalidad) que en la fuerza mayor, llegando a una alteración grave de las bases del contrato.

Aunque en la práctica la aplicación sigue siendo restrictiva para ambos principios, está claro que se ha decretado un estado de excepción como es el de alarma, y la situación de epidemia actual es un acontecimiento absolutamente imprevisible para las partes, pero eso no basta eso para aplicar los efectos modificativos del caso fortuito o la cláusula rebus. Primero  hay que atender preferentemente a lo que determine la ley o el contrato, segundo lugar, tiene que existir una causalidad directa entre esa circunstancia y el incumplimiento, y por último, los efectos del caso fortuito, fuerza mayor o cláusula rebus han de ser proporcionados a la situación.

En muchos supuestos, la revisión de los contratos debe consistir en la prórroga de los plazos para el cumplimiento en otros una imposibilidad de cumplimiento, por ejemplo un viaje.

Habrá que estudiar cada caso que imposibilite continuar con la obligación y contrato, ya sea temporal o definitiva, tratando de cerrar o resolver cualquier acuerdo o contrato que evite después una iniciativa judicial.

 

El Puerto de Santa María, a 21 de Marzo 2020

 

 

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